Los efectos socioeconómicos del Covid-19 en México y el inminente fracaso de la Agenda Mundial 2030

por Laura Mota Díaz

 

El mundo vive actualmente una pandemia mortífera que, más allá de sus implicaciones en el sistema de salud de cada país afectado, tiene efectos preocupantes en la economía y en la sociedad ya que ha paralizado los sistemas productivos, laborales y educativos.

Como ha trascendido en los medios, el origen de la actual Pandemia conocida como Covid-19 ocurrió en Wuhan, China entre el 12 y 29 de diciembre de 2019, periodo en el que se detectaron los primeros casos de neumonía, mismos que fueron reportados a la Organización Mundial de Salud (OMS) el 31 de diciembre. No obstante, fue hasta el 7 de enero de 2020 cuando se confirmó la existencia del nuevo coronavirus, inicialmente denominado por la OMS como 2019-nCoV (CNN Español, 2020).

Luego de eso, el virus se propagó a gran velocidad por casi todos los países del mundo, tanto que en un par de meses se causaron miles de contagios y muertes, obligando a los gobiernos nacionales a tomar decisiones de cerrar o poner restricciones en aeropuertos y suspender actividades en empresas, escuelas, mercados, restaurantes, bares y otros sitios de afluencia de personas, con el fin de aminorar las cifras de contagios. El 11 de marzo, la OMS declaró al Covid-19 como pandemia, en virtud de que ya eran 114 países los afectados y el número de contagios se registraba en 118, 000 casos, además de 4, 291 muertes (Naciones Unidas, 2020).

Al día 16 de mayo de 2020 se reportaron a nivel global 4, 630, 273 casos de enfermos por Covid-19 y un total de 311, 452 muertes, lo que por sí solo permite notar la velocidad con la que avanzó la pandemia alrededor del mundo, extendiéndose en 188 países, entre los que destacan como mayormente afectados, por la cantidad de casos, los siguientes: Estados Unidos (1, 467, 283), Rusia (272, 043), Reino Unido (241, 461), Brasil (233, 142), España (230, 698) e Italia (224, 760). Destaca el hecho de que España, Italia, Alemania y Francia descendieron en esta lista, no obstante, Reino Unido mostró un ascenso, pues del quinto lugar que ocupaba un mes antes pasó a ocupar el tercero a nivel mundial. (Mapa de la Universidad John Hopkins).

En México, el primer caso de Covid-19 se confirmó el 27 de febrero de 2020 en la capital del país, pero fue casi un mes después cuando se tomaron medidas de distanciamiento social para evitar el aumento de contagios, de tal modo que entre el 19 y 20 de marzo se produjo la suspensión de clases en todos los niveles educativos y paulatinamente se fueron cerrando otros espacios dedicados a las actividades industriales, comerciales y de servicios. El 21 de abril, las autoridades sanitarias del país declararon la entrada de la fase 3 de la pandemia, con lo cual se insistió en reforzar las medidas de distanciamiento social y de confinamiento de la población; para entonces, la cifra de enfermos a nivel nacional se registraba en 9, 501 y la de muertes en 857.

El 16 de mayo, casi un mes después, el número de enfermos por Covid-19 en México ascendió a 47, 144 y el número de decesos a 5, 045, lo que representa un incremento de 500 % y casi de 600 % respectivamente. (Gobierno de México, 2020). Destaca entre esas cifras que a la fecha mencionada México ya había superado a China en el número de muertes que ese país registró, ello a pesar de la insistencia de las autoridades de mantener las medidas decretadas.

Frente a este escenario, se advierte que la pandemia del Covid-19 no solo representa un grave problema para el sistema de salud de México (ya casi colapsado antes de la pandemia), sino también un grave riesgo económico y social que se traducirá en una exacerbación de la pobreza, la desigualdad, la violencia sistémica y el desplazamiento forzado de personas, posponiendo por muchas décadas más las acciones encaminadas hacia los objetivos de la agenda 2030, conocida también como agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que, en teoría, constituye “un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia” (Naciones Unidas, 2015). Sobre estos asuntos es que propongo generar la reflexión y discusión.

 

Contexto político y socioeconómico previo a la presencia del Covid-19 en México

El 1 de julio del año 2018 constituye una fecha relevante en la historia política de México, por estar ligada al triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como presidente de la República Mexicana, quien luego de dos intentos fallidos en elecciones anteriores logró llegar al poder ejecutivo con un total de 30 millones 110 mil 327 votos, los más altos de la historia política contemporánea del país.

El hartazgo social frente a la corrupción, la violencia, la desaparición forzada, la crisis de derechos humanos y la presencia del crimen organizado, sumados a la pobreza de millones de mexicanos, son algunos de los determinantes que explican el resultado obtenido, ya que dichos problemas se acentuaron en los tres sexenios anteriores: los de los panistas Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), cuyos gobiernos tuvieron claras implicaciones con los cárteles mexicanos del narcotráfico, lo que se confirma ahora con la detención de Genaro García Luna, quien estuvo al frente de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Secretaría de Seguridad Pública, respectivamente; y el del priísta Enrique Peña Nieto (2012- 2018), durante el cual ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y se incrementó de forma alarmante la violencia en todo el país. Con todo eso, las expectativas de cambio se volcaron en la figura del nuevo mandatario, quien forjó toda su campaña política con un discurso a favor de los pobres, la justicia social, la paz, la austeridad republicana, la lucha contra la corrupción y las promesas de crecimiento económico.

Al asumir formalmente como presidente de la república, el 1 de diciembre de 2018, en un discurso con ciertas expresiones antineoliberales, AMLO ratificó su compromiso de generar bienestar para todos los mexicanos y luchar contra la corrupción. Sin embargo, la realidad que presentaba el país en ese momento mostró el gran desafío para el nuevo gobierno.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el año 2018 habían sido asesinadas más de 36, 000 personas, pero lo característico de ese hecho era que una parte de esas muertes estaban ligadas a la creciente presencia de bandas de extorsión y robo de combustible (huachicoleo) y ya no solo a la guerra contra y entre cárteles de narcotráfico, como había ocurrido en los sexenios pasados.

Por otro lado, la economía nacional se encontraba en estancamiento desde el tercer trimestre del año 2018, debido a un debilitamiento en las cadenas de producción, exportación, inversión y empleo, con lo que el panorama se mostraba desfavorable para el desarrollo nacional.

Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) en el año 2018 la pobreza afectaba a un total de 52.4 millones de personas (41.9 % de la población) y de éstas, 9.3 millones se encontraban en pobreza extrema. Otro factor, al que refiere la misma fuente, es el que concierne a la desigualdad en el acceso a derecho sociales, medido a través de los indicadores de carencia social. Al respecto, destaca que 21.1 millones de personas tienen rezago educativo; 20.2 millones no tienen acceso a servicios de salud; 71.7 millones no tienen acceso a la seguridad social; 25.5 millones no tienen acceso a una alimentación suficiente y adecuada; 13.8 millones no tienen calidad ni espacio suficiente en su vivienda, y, 24.7 millones de personas no tienen acceso a servicios básicos dentro de la vivienda. A estas condiciones se suma que 61.1 millones de personas carecen de ingresos suficientes para adquirir la canasta básica alimentaria y no alimentaria. (Coneval, 2019)1.

En el año 2015, México se adhirió a la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el compromiso de generar acciones para superar la pobreza y el hambre, garantizar acceso a los servicios de educación y salud, además de procurar el cuidado del medio ambiente y la cultura de paz en el territorio.

Cabe mencionar que la agenda de los ODS, además de dar continuidad a la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015), surgió como respuesta a la agudización de la crisis multidimensional que ya se extendía por varios países del mundo y que se manifestaba en: grave deterioro ambiental, creciente pobreza y desigualdad, violencia desmedida, una oleada de migraciones y, como consecuencia, mayor inestabilidad social. El llamado que se hizo a todos los países miembros de la ONU fue para comprometerse a cumplir las metas establecidas en cada uno de los 17 objetivos que integran la agenda y así lograr un desarrollo equilibrado entre los factores económicos, políticos, sociales y ambientales, hacia el año 2030.

Con el presidente Enrique Peña Nieto, en el año 2016 se dio paso en México a las primeras acciones para el cumplimiento de los ODS, entre ellas se creó un comité técnico especializado para el seguimiento de los objetivos y el monitoreo de indicadores; se desarrollaron estrategias de vinculación con la sociedad civil y el sector privado; y, se generaron acuerdos para que los gobiernos de las entidades federativas incorporaran en sus planes de desarrollo los 17 objetivos.

No obstante, los datos ya referidos sobre pobreza y desigualdad del año 2018 dan cuenta de los escasos avances conseguidos en los últimos 3 años del gobierno de Peña Nieto, ya que contrario a la mejora de condiciones de vida algunas situaciones se agudizaron.

Por otro lado, en el Plan de Gobierno de AMLO no hay mención específica a los ODS, aunque a nivel de entidades federativas y municipios sí se han llevado a cabo reuniones y acuerdos entre distintos sectores del gobierno y la sociedad civil para el logro de metas, por lo que se asume que corresponde a cada gobierno subnacional definir acciones para el cumplimiento de la Agenda 20-30. Sin embargo, AMLO enfatiza que uno de los objetivos más importantes de la cuarta transformación (slogan con el que el propio gobierno se nombra), es que en 2024 la población de México se encuentre en un entorno de bienestar.

Aunque en los primeros meses de gobierno AMLO se enfocó en el tema de la corrupción (principalmente con acciones en contra del huachicoleo en Pemex) y en el establecimiento de las medidas de austeridad, para dar cauce a sus promesas de campaña, ha tenido grandes dificultades en lo referente a la economía sobre la que prometió un crecimiento de 4 %, pues durante 2019 se produjo un estancamiento que, en parte, podría ser explicado por la cancelación de algunas inversiones que ya se tenían en curso, por ejemplo las relacionadas con el nuevo aeropuerto internacional; pero también la guerra comercial desatada entre Estados Unidos y China, es otro factor explicativo. A eso se sumó la incertidumbre que generó la renovación de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

De la misma forma, el éxodo de migrantes centroamericanos que ingresaron a México, teniendo como propósito llegar a Estados Unidos, tuvo impactos socioeconómicos fuertes, ya que frente a las amenazas de Donald Trump de subir un 5 % a los aranceles de las importaciones, AMLO ofreció vivienda y empleo a los migrantes para evitar que continuaran su paso hacia el país vecino, aunque al poco tiempo cambió esa decisión y tuvo que militarizar la frontera para frenar la ola migratoria, aunque eso no ha sosegado a los migrantes que siguen en su intento de cruzar la frontera centroamericana.

Con respecto a la violencia hay nulos cambios, ya que ésta continua de forma extendida por todo el país, especialmente la violencia en contra de las mujeres que ha derivado en numerosas movilizaciones dentro de distintos sectores de la sociedad.

 

Efectos socioeconómicos del Covid-19 en México y la agenda de los ODS

El Covid-19 llegó a México, como a la mayoría de los países latinoamericanos, en un momento poco favorable, pues nos encontró en lo que ya se percibía como una crisis económica y social en ascenso. Por esta razón México será uno de los países más afectados de la región.

Un estudio reciente de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) refiere que para este año 2020, el PIB en la región tendrá una caída de -5.3 % que sería el peor porcentaje de la historia, lo que se asemeja a la Gran Depresión de 1930. El efecto de esta recesión se hará visible en el alto incremento del desempleo y, por consiguiente, en la mayor pobreza y desigualdad, que ha sido el sello característico de esta región del mundo (Cepal, 2020). Sin duda la situación es grave pues antes de la pandemia casi la mitad de la población del país se encontraba en situación de pobreza.

Las medidas de distanciamiento social y de confinamiento que se han instaurado en todos los países del mundo por la pandemia del Covid-19, están teniendo impactos negativos en las economías nacionales. En México el paro de actividades industriales y de servicios —entre éstas últimas los sectores turístico, de alimentos, comercio y de la construcción—, ha debilitado sustancialmente las perspectivas de crecimiento económico y de bienestar social, ya que es donde se han presentado la mayor pérdida de empleos. Según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del 13 de marzo al 6 de abril de este año se perdieron 346, 878 empleos formales; aunque la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) estimó que el mes de abril cerraría con más de 744 mil empleos perdidos (Vergara, 2020). Al respecto el 9 de mayo el presidente López Obrador comunicó a través de sus redes sociales que se había alcanzado el medio millón de empleos perdidos.

A lo anterior se suma la depreciación que ha sufrido la moneda mexicana frente al dólar, a medida que se avanza en el curso de la pandemia donde ha perdido casi 30 % de su valor. De la misma forma, la caída excesiva de los precios del petróleo es otro factor negativo para la economía mexicana por tratarse de uno de los sectores de mayor importancia para los ingresos del país.

Frente a ese panorama, el presidente de México puntualizó que se trata de una crisis transitoria y decretó algunas medidas para amortiguarla. Dentro esas medidas refirió que no habrá alza en los impuestos, ni a los precios de combustibles y energía eléctrica, y enfatizó en que tampoco se aumentará la deuda pública. Se anunció también que partir del lunes 18 de mayo, se comenzaría la reapertura de algunas actividades económicas con el fin de reactivar este sector.

Por ahora, buena parte de los recursos públicos se están destinando a la atención del Covid-19, tanto para acondicionar la infraestructura hospitalaria como para adquirir equipo médico y otorgar los bonos prometidos a los trabajadores de la salud. La realidad es que poco se está invirtiendo en programas económicos y sociales para atenuar los efectos que está generando la pandemia, a tal grado que ha trascendido en diferentes medios nacionales e internacionales la noticia de que integrantes de algunos cárteles de droga están repartiendo víveres a familias pobres y vulnerables en diferentes lugares del país, como también han asumido funciones de vigilancia para que la población respete por la fuerza las medidas de confinamiento; en este último caso la referencia concreta es en la ciudad de Culiacán, Sinaloa donde habitan los hijos del Chapo Guzmán. Sin duda estas acciones fortalecen al crimen organizado y eso tendrá repercusiones después de la pandemia, porque estos grupos podrán ejercer mayor control sobre el gobierno y la población.

Aún con todos los esfuerzos que se hagan desde el gobierno una vez que la pandemia haya cesado; y, aunque en las últimas semanas los precios del petróleo hayan tenido una importante recuperación, o que las remesas continúen llegando en mayor cantidad (a pesar de los pronósticos de que éstas tendrían una disminución), el futuro que se vislumbra para México es el de un país devastado, con una extrema y diversificada violencia, una masificación de la pobreza, mayor desplazamiento de población a nivel interno en busca de alternativas para la sobrevivencia y también huyendo de la violencia de sus territorios.

Esto porque, aunque AMLO se posicione en su discurso político como un presidente antineoliberal, lo cierto es que sus acciones dejan muchas dudas, ya que ha dado continuidad, en medio de la pandemia, a grandes proyectos (como el Tren Maya o la Refinería Dos Bocas y la construcción del tren interurbano Toluca-México), obras que involucran una fuerte inversión económica, pero que sobre todo han sido causantes de muchas inconformidades de poblaciones indígenas y campesinas, a quienes se les ha despojado de sus territorios propiciando el desplazamiento forzado y con ello, la persistencia de la pobreza. Desde el sexenio de Peña Nieto los asesinatos contra líderes indígenas y campesinos que defienden sus territorios tuvieron incremento y continúan en la actualidad.

De igual forma, el presidente AMLO ha minimizado en sus discursos la grave situación de violencia contra las mujeres, negando que el confinamiento haya disparado las cifras, cuando se han documentado por diferentes colectivos y otros medios estas situaciones que cada día viven niñas y mujeres en el país.

Invisibilizar a los pueblos indígenas, negar las violencias existentes, no atender las desigualdades de género y no aplicar la justicia, ante casos probados de corrupción de personajes de la élite política, como es el caso de expresidentes del país, son solo algunas de las prácticas que sexenio tras sexenio se reproducen y que le restan credibilidad al gobierno actual pues indican escasas transformaciones sociales.

Con todo eso, la agenda de los ODS en México quedará prácticamente nula en términos de logro de metas (esencialmente cuantificables), particularmente en aquellas que refieren a una disminución de la pobreza (objetivo 1) y desigualdad (objetivo 10), así como a la promoción de territorios de paz (objetivo 16). Diez años (de aquí a 2030 que es el límite fijado para el cumplimiento de los objetivos) serán insuficientes para la recuperación económica, pues además la pandemia obligará a modificar el modelo económico vigente con lo cual se producirá una reconfiguración en el orden económico internacional; habrá que esperar, pero sobre todo habrá que emprender estrategias económicas locales y de reconstrucción de tejido social para poder salir de esta crisis, al fin y al cabo la agenda de los ODS es solo un instrumento de dominación con el cual se seguirá justificando la intervención de los países hegemónicos, a través de la cooperación internacional que, para nuestro caso, como para la mayoría de las naciones latinoamericanas significa endeudamiento, dependencia y pobreza.

 

Laura Mota Díaz es Profesora-Investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Autónoma del Estado de México

 

1 Los datos fueron estimados por la dependencia citada entre los meses de agosto y noviembre de 2018 a partir del levantamiento de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, y se publicaron el 31 de julio de 2019. A la fecha estos datos permanecen vigentes.

 

Rispondi